La mañana de este martes 12 de agosto, activistas de la Juventud Popular Rebelde llevaron a cabo una protesta pacífica frente a la residencia del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, en el distrito de Barra da Tijuca, ubicado al oeste del Estado de Río de Janeiro, Brasil. La manifestación, que coincidió con el Día Internacional de la Juventud, se centró en denunciar el aumento de la violencia policial en el Estado y en exigir justicia por la muerte de jóvenes y niños a manos de las fuerzas de seguridad.

Bajo el lema «La Juventud Negra Quiere Vivir», los manifestantes demandaron que los policías implicados en estos asesinatos sean responsabilizados. La acción se produce tras conocerse recientemente datos del Ministerio de Justicia que indican un aumento del 34.4 por ciento en las muertes por intervención policial durante el primer cuatrimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de 212 a 285 casos.

Larissa Vulcão, activista del Levantamiento de la Juventud Popular, denunció que los jóvenes son víctimas de una política de seguridad pública que los despoja de su derecho a la vida. Según ella, esta política es parte de un «proyecto de exterminio» que les «roba sus sueños«.

La protesta sirvió como un espacio para honrar a las víctimas, como Herus Guimarães, un joven de 24 años asesinado el pasado domingo 8 de junio durante una operación del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) en la comunidad de Santo Amaro en una fiesta junina.

Luego de aquel suceso, artistas, residentes y activistas organizaron una protesta pacífica que dejó en evidencia la indignación y tristeza colectiva por el asesinato de Guimarães. El padre de Herus, Fernando Guimarães, subrayó en ese momento la injusticia de la situación, puntualizando que «los residentes de las favelas no son delincuentes. Mi hijo era un trabajador; tenía un futuro por delante«.

A esa manifestación se unieron madres de otras víctimas de la violencia policial, quienes compartieron sus dolorosas experiencias, Jackeline Oliveira, madre de Kathlen Romeu, y Paula de Oliveira, madre de Jonathan, recordaron a sus hijos y se solidarizaron con la familia de Herus, mientras que la activista y exconcejala Mônica Cunha criticó al Gobierno de Castro.

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La forma de protesta, conocida como «escracho» en Río de Janeiro, no es la primera vez que el Levantamiento de la Juventud Popular la utiliza para señalar a figuras públicas. El pasado mes de febrero, la organización realizó una acción similar contra el exgeneral Antônio Belham, acusado de crímenes durante la dictadura militar brasileña.

La violencia policial en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, es un problema persistente. En 2020, 6.416 personas murieron a manos de la policía en todo el país, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. De acuerdo con la Red de Observatorios de Seguridad, en Río de Janeiro, hubo 1,245 muertes ese mismo año. Entre 2013 y 2020, la cifra de asesinatos a manos de la policía casi se triplicó.

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